Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto Rico. Foto: Jim Watson – AFP.

El gobernador Alejandro García Padilla, en declaraciones televisadas en cadena para todo Puerto Rico reconoció que “la deuda pública, considerando el nivel de actividad económica actual, es impagable. Además, el tamaño de esa deuda nos impide salir del ciclo de recesión y contracción. No se trata de política, se trata de matemáticas”, puntualizó. Durante su alocución presentó una “hoja de ruta” que reconoció como “harto difícil de cumplir”, pero los observadores adelantan que no será viable.

La condición de Puerto Rico, le impide ampararse en la Ley de Quiebras de Estados Unidos, como hizo en su momento la ciudad de Detroit, por ejemplo, más allá que la deuda portorriqueña sea cuatro veces la que tenía la otrora capital del automóvil.

“Un default en sus deudas probablemente dejaría a la isla, a sus acreedores y sus residentes en un limbo financiero y legal que, al igual que en la crisis griega podría llevar años solucionar”, afirma el diario The New York Times, en un análisis que no abre mayores perspectivas.

La emigración masiva además de los portorriqueños, que tienen libre residencia en todos los EE.UU. como cualquier otro ciudadano, rumbo al continente, está vaciando las posibilidades tributarias, único camino a la vista para disminuir el déficit.

La emisión de papeles de deuda además está en su peor momento –debido a la crisis griega- y las acciones de los bancos portorriqueños se derrumbaron el lunes en Wall Street, mientras los bonos portorriqueños conocidos como Obligaciones Generales cayeron un 10 %.

De momento el rescate federal “no lo piensa nadie en la administración”, dijo Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca, quien señaló se busca “identificar” recursos para aliviar a Puerto Rico.

(LaRed21)

Jorge Rodríguez, jefe del Comando de Campaña Hugo Chávez, señaló que el único delito cometido por el pueblo venezolano, los más de 3.162. 400 votantes que participaron en las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, es haber levantado las banderas de la soberanía y la autodeterminación; haber decidido apoyar a la Revolución Bolivariana pese a la guerra económica.

En rueda de prensa desde el Teatro Principal en Caracas, en compañía de Jacqueline Faría, como parte del balance que ofrece sobre la jornada comicial del pasado domingo, ratificó que el pueblo decidió ser libre, soberano y ejercer la democracia.

Rodríguez felicitó a todos los venezolanos que salieron el pasado el domingo, sobreponiéndose a las lluvias, que “se mantuvo firmes en sus centros de votación, para decir con su voto lo que le quería decir a este pueblo, al país y al mundo entero”.

Pidió a los voceros de la derecha venezolana reconocer a ese pueblo que ama, lucha y pasa dificultades, “reconozcan que hay un pueblo al que ustedes sometieron a la ignominia y al olvido por más de 40 años”.

“Venezuela merece vivir en paz; Venezuela merece que le permitan dirimir sus asuntos por las vías que los venezolanos y venezolanas decidamos; Venezuela tiene una de las democracias más sólidas de todo el mundo entero, que no ocurre en otra parte del mundo.”

Deploró la constante agresión de la oposición contra el pueblo, con el empleo de personajes de dudosa moral, como “presidentes con relación con el narcotráfico, expresidentes que tienen a sus espaldas cientos de miles de jóvenes asesinados, por razones políticas, o cientos de miles de desaparecidos; esa es la calaña que traen para agredir a Venezuela”.

(RNV)

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, adviertió este domingo a los militantes de la organización política que “los personalismos” le hacen más daño al partido que la oposición.

Cabello instó a los militantes a superar los individualismos y personalismos. “Los personalismos nos hace más daño a nosotros que la oposición (…) Es un mal interno nuestro, es una enfermedad interna”, dijo durante el cierre del primer ciclo de la Escuela de Formación del partido.

Destacó que los problemas internos deben superarse a través del diálogo. “Hay que dejar la intriga, eso no nos ayuda en nada”, insistió y precisó que son defectos que se pueden acentuar durante el proceso encaminado a los comicios que se realizarán próximamente.

Al respeto, destacó el esfuerzo realizado por el partido para la selección de candidatos que se medirán en la contienda electoral para ocupar las curules en el parlamento venezolano.

“Después de 55 mil postulaciones, más de 9 mil compañeros y compañeros en todo el país fueron postulados, y más 1152 compañeros y compañeras quedaron ahí para ser candidatos ¿Quién postuló la gente nuestra? Las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) ¿Con problemas?, sí, y esos problemas hay que eliminarlos, ”, puntualizó.

“Debemos trabajar para que no exista el individualismo. Hay gente que cree que son dueños de las UBCH. Vamos a ir liberándonos de esas cadenas”, concluyó.

A través de su usuario oficial en Twitter el expresidente colombiano, Álvaro Uribe, descartó las acusaciones formuladas este martes 2 de junio por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Según éstas, el exjefe de Estado y reconocido líder paramilitar se encuentra vinculado con el autor intelectual del asesinato del joven diputado Roberto Serra y de su asistente María Herrera.

"Ya habían anunciado la nueva disculpa de la dictadura de Venezuela, que distrae la opinión acusándome de asesino", expresó Uribe mediante su usuario @AlvaroUribeVel.

Y es que, de acuerdo a Maduro, el principal sospechoso de haber dirigido el horrendo crimen de Serra y de Herrera no es otro sino el exconcejal de Cúcuta, Julio César Vélez González. Este habría hecho contacto con la banda de Leiver Padilla, alias "El Colombia", y le habría entregado una fuerte suma de dinero para cometer el doble homicidio.

Para nadie es desconocido que Vélez, paisano de Uribe, era la mano derecha de este último en la frontera colombo-venezolana. Hoy día, tras ser acusado de asesinar a su propia esposa, este exconcejal se encuentra prófugo de la justicia en su país de origen.

A Vélez, entre otras causas, se le acusa de estar vinculado con crímenes y delitos diversos cometidos contra nuestra patria. Cabe destacar que el mismísimo abogado personal de Álvaro Uribe se encargó de su defensa en el país vecino, ello antes de darse a la fuga.

"Cada infamia del chavismo me estimula a apoyar la lucha democrática contra esa dictadura", tuiteó el también cabecilla de los falsos positivos minutos después del anuncio del presidente Nicolás Maduró.

¿Infamia o verdad incómoda? Esta es quizás otra muestra fehaciente de la desfachatez y del cinismo del actual senador neogranadino.

(LaIguana.TV)

Conocido en la nación neogranadina como "Julito", Julio César Vélez González, fue acusado por el Ministerio Público de Colombia tras comprobarse su responsabilidad en el asesinato de María Claudia Avendaño (21), su esposa, crimen que cometió el 16 de noviembre de 2010.

La versión que Vélez les entregó a la familia y a las autoridades decía que en el momento en que él se disponía a salir a comprar unas fotocopias, la joven enfureció, tomó un revólver y se suicidó.

No obstante, la explicación no convenció del todo a la familia. "Que porque él iba a salir por unas fotocopias y la iba a dejar sola ella supuestamente se puso brava y se mató. ¿A quién se le ocurre esto?", se preguntó Héctor Castaño, padre de la joven.

La incredulidad de la familia aumentó cuando el cuerpo de la joven fue sometido a un análisis forense que determinó que por la trayectoria de la bala, no se podría tratar de un suicidio.

En ese momento, la investigación tomó un nuevo rumbo y empezó a manejarse la hipótesis de que la muerte de Claudia habría sido producto de un homicidio y no de un suicidio como hasta el momento lo sostenía su pareja. Más aún cuando él fue la única persona que estuvo con la joven la noche de su muerte.

Vélez González se encuentra prófugo de la justicia y con circular de Interpol desde septiembre de 2012, según reseñan los medios colombianos.

El sujeto fue electo como Concejal de Cúcuta, a través del Partido de la U, un movimiento de derecha que se consolidó como buró para apoyar la candidatura de Álvaro Uribe, es considerado mano derecha del expresidente colombiano, en el Norte de Santander, frontera con Venezuela. Es propietario las empresas cambiarias "Meca Cambio", empleadas para el lavado de dinero fronterizo.

(VTV / Aporrea.org)

Con dolor e impotencia, sentimientos que siempre acompañarán a las víctimas de un hecho violento e injusto, el Comité de Victimas de la Guarimba exigieron una vez más sanciones a para los responsables de hechos que produjeron la muerte de sus familiares o lesiones para toda la vida.

Tal es el caso de Oscar Carrero oriundo del estado Táchira, y quien a causa de una bomba casera, fabricada y accionada por un guarimbero perdió su mano.

“Fui víctima de una bomba molotov la famosa papita, con la que perdí mi mano”, afirmó Carrero al tiempo que lanzó no solo una reflexión sino una exhortación conmovedora, comparando su situación con la del exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos, “a él le crecerá el pelo, a mi quien me devolverá mi mano”.

Miembros del Comité de Víctimas de las Guarimbas y Golpe de Estado Continuado acudieron este sábado a la Defensoría del Pueblo precisamente para exigir que se haga justicia en sus casos, y para alzar su voz de protesta ante la indiferencia de quienes se hacen llamar defensores de Derechos Humanos, que se comportan de forma selectiva.

(LaIguana.TV)

Ninguno de los casos usados por The Wall Street Journal para vincular al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, con el tráfico de drogas han estado relacionados con funcionarios de la nación suramericana de acuerdo con los registros judiciales y los datos oficiales de los Estados Unidos y de España.

Por el contrario en uno de los casos, es un general colombiano, que durante el gobierno de Alvaro Uribe dirigió la unidad antinarcóticos de Colombia, quien estaba vinculado con el principal acusado por la justicia estadounidense, Luis Frank Tello Candelo, según los testimonios y pruebas ofrecidas por un ex oficial de policía que trabajaba para los carteles de Cali y el norte del Valle, según informó el diario El Espectador el 3 de julio de 2012.

El de Tello Candelo es uno de los casos citados por el diario estadounidense, The Wall Street Journal, para apuntalar los señalamientos que, sin motivación aparente y sin datos oficiales, hizo el lunes antepasado contra el diputado Cabello.

El otro caso que el rotativo menciona es el de Roberto Méndez Hurtado, un hombre vinculado con el cartel del Norte del Valle, relacionado con al menos dos procesos de tráfico de drogas y uno de lavado de activos en Puerto Rico, y que fue condenado a 19 años de cárcel en septiembre de 2014 por una corte de Florida, tras llegar a acuerdos para reducir su condena.

Los generales de Uribe

Luis Frank Tello, conocido como el Negro Frank, fue aprehendido en 2010 por las autoridades venezolanas en la exclusiva urbanización Macaracuay, ubicada el municipio Sucre del estado Miranda, en la zona metropolitana de Caracas.

Su captura se produjo en el marco de una operación con colaboración internacional, coordinada por la Interpol, y que en Venezuela fue dirijida por el ministro del Interior de la época y actual gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami.

Tello fue deportado a los Estados Unidos el 11 de julio de 2010, donde era requerido por un tribunal de Nueva York. Con el fueron enviados otros jefes del tráfico de drogas como Carlos Rentería Mantilla y Carlos Ojeda Herrera.

Posteriormente, en el municipio Chacao, tambien en Caracas, fue apresada la mexicana Gloria Rojas Valencia, compañera sentimental de Tello, e integrante de la organización delictiva azteca conocida como Los Zetas.

Tello, quien formaba parte de Los Zetas, y además era el segundo al mando de la organización de Daniel "El Loco" Barrera, había sido detenido en Colombia en 1996, en el marco de una operación del DAS y la DEA, donde aprehendieron a otras 14 personas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, pero quedó en libertad en 1999, ya que su expediente desapareció, indicó en esa oportunidad el ministro El Aissami.

Los nexos de Tello con funcionarios policiales y oficiales colombianos corruptos se remontan a esos años, y la información de esas relaciones estalla en 2012 con el proceso iniciado en una corte de Virginia contra el jefe de seguridad de Alvaro Uribe Velez cuando fue presidente, el general Mauricio Santoyo Velasco.

El proceso contra Santoyo, quien finalmente fue condenado a 13 años de cárcel tras declararse culpable de colaborar con grupos terroristas (paramilitares), permitió registrar una serie de testimonios de antiguos oficiales de policía que habían trabajado para organizaciones delictivas como la Oficina de Envigado y otros carteles de droga.

Y en lugar de salir a la luz nombres de militares o autoridades venezolanas, surgieron más generales colombianos.

Uno es el general César Augusto Pinzón, excomandante de la Dijín y de la Policía Antinarcóticos, quien fue acusado por el mayor (r) de la Policía, Byron Ernesto Ordóñez Portilla, por recibír pagos a través de otro oficial retirado llamado Jorge Orjuela Castilla, alias Nico para proteger las exportaciones de droga a los EEUU, según un detallado informe del diario El Espectador, publicado en julio de 2012.

En concreto se señala que Ordoñez, dijo el 22 de febrero de 2011 que sabía que Tello Candelo, alias Negro Frank, le envío $40 millones a Pinzón que fueron entregados por Nico.

Byron Ordoñez, en su amplia declaración, relató que Pinzón —uno de los oficiales más condecorados en 30 años de trayectoria y cerebro en las capturas de Don Mario y Miguel Ángel Mejía Múnera, entre otros— era muy cercano al capitán Edward García, alias Orión, otro de los oficiales que cambiaron de bando al servicio de la ‘Oficina de Envigado’. Según Byron Ordóñez, cuando él y el capitán García fueron suspendidos por corrupción en la Policía fueron a hablar con Pinzón para que intercediera por ellos, según el diario colombiano.

En abril del año pasado el Departamento de Estado de los EEUU confirmó que la visa de Pinzón había sido revocada y según el conglomerado de noticias Caracol el Departamento de Justicia le habría informado a autoridades colombianas que pediría la extradición del oficial.

Vale mencionar que Pinzón también fue investigado en 2013 por la fiscalía colombiana por presuntamente estar en una nómina de oficiales de ese país que había recibido mensualmente 30 millones de pesos para facilitar información que ayudara a evitar la captura de Daniel "El Loco" Barrera. Este jefe del narcotráfico había sido detenido también por las autoridades en 2012 por las autoridades de Venezuela y en su oportunidad medios policiales advirtieron que Tello Candelo era socio de Barrera.

El hecho es que, pese a la insistencia de voceros y medios de prensa de derecha en Venezuela, en esa oportunidad no se estableció un vínculo documentado entre ambos traficantes y funcionarios venezolanos de alto nivel como sí fue el caso con los oficiales colombianos.

Tampoco en la documentación generada por las autoridades judiciales de EEUU se mencionan a oficiales venezolanos y mucho menos al jefe del parlamento de la nación suramericana.

Todos los elementos en que se sustenta la acusación de The Wall Street Journal, es la presunción de que la presencia de Tello debía estar protegida por altos funcionarios, incluyendo Cabello, quien paradójicamente no ha tenido responsabilidades directas en el aparato de seguridad de Venezuela en los últimos 12 años.

Lavado en Puerto Rico y aviones en el Caribe

El otro caso alegado en la publicación de WSJ es el de Roberto Méndez Hurtado, líder de la célula del Caribe del cartel colombiano Norte del Valle y De Los Santos, quien fue capturado en 2011 en Cuenca, Ecuador, por las autoridades de esa nación.

Fue deportado a Colombia y en 2012 la Corte Suprema de ese país autorizó su extradición a los EEUU, donde era requerido en las fiscalías de Massachussets, Sur de la Florida y Puerto Rico, por cargos de tráfico de cocaína y lavado de dinero.

Tampoco en ninguno de esos procesos figuran autoridades u oficiales de Venezuela, si bien el del Sur de la Florida registra como origen de los embarques aéreos de droga el estado Apure.

Por estas acusaciones Méndez Hurtado se declaró culpable y fue condenado a 19 años por la juez Marcia Cooke, del distrito Sur de Florida, en septiembre pasado, según informó oficialmente la fiscalía.

La pena proyectada para Méndez Hurtado era de cadena perpetua y se estima que logró acuerdos para obtener una sanción más benevolente. Sin embargo, en esos acuerdos que sin duda incluyen delaciones, no figuran señalamientos contra Cabello o dirigentes venezolanos de nivel similar.

El esquema de tráfico consistía en llevar la droga desde el límite venezolano con Colombia, en avionetas que la transportaban hasta el mar Caribe sobre las Islas Vírgenes británicas. Los embarques eran arrojados al agua en ubicaciones indicadas con bengalas luminosas, donde la recogían lanchas rápidas que la llevaban a tierra firme en el sur del estado de Florida.

El mecanismo también contemplaba el uso de pistas clandestinas en Honduras y Guatemala, y el traslado del dinero producto de la venta a Puerto Rico con el propósito de llevarlo a Venezuela por avión para su lavado.

En el proceso fueron enjuiciadas 13 personas, capturadas simultáneamente en EEUU, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Colombia y Ecuador.

Es pertinente destacar lo referido al lavado de dinero presumiblemente en Venezuela, pues se trataría del mismo mecanismo que promueve una inflada tasa cambiaria en un mercado paralelo de divisas, y que es impulsada a través de sistemas de información especulativa como el portal web Dolar Today.

De hecho ya Méndez Hurtado venía usando un mecanismo de alta precisión para legitimar los ingresos por la venta de la droga, a través de la triangulación con importadores colombianos que requerían de divisas.

El esquema fue desmantelado en febrero de 2011 en una operación coordinada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la DEA y la policía de Puerto Rico, y que culminó con la detención de 23 personas en Colombia, República Dominicana y el propio territorio boricua, según reseñó el diario dominicano El Nuevo Día.

La fiscal federal Myriam Y. Fernández, quien estuvo a cargo del caso, explicó que, por ejemplo, contactos de esta organización recogían el dinero en efectivo producto de las ventas de cocaína y lo depositaban en pequeñas cantidades en bancos locales o lo usaban para hacer compras solicitadas por sus contactos en el cartel colombiano.

La organización operaba con dos contactos del dueño de la droga, uno en Puerto Rico y otro en Colombia, que fungían como corredores de valores.

Ese corredor en Colombia, según explicó Fernández, se ponía en contacto con comerciantes legítimos de su país que compran bienes a compañías estadounidense y le ofrecía el dinero sucio de las ventas de droga que físicamente se encontraba en Puerto Rico para que lo utilizaras en sus compras en Estados Unidos.

Una vez el comerciante legítimo en Colombia aceptaba ser parte de la transacción, el contacto en Puerto Rico se encargaba de pagar las compras del comerciante colombiano con los dólares de las ganancias de las ventas de cocaína.

Cuando la mercancía le llegaba al comerciante colombiano éste le pagaba en pesos colombianos al contacto en ese país, quien a su vez le entregaba el dinero al dueño del cartel del Norte del Valle y de los Santos.

Este mecanismo coincide con el que usaba el asesor financiero austrico-venezolano, Martin Lustgarten, detenido a principios de abril en Miami y enjuiciado en Boston acusado de legitimar unos 100 millones de dólares de las organizaciones paramilitares colombianas dedicadas al narcotráfico.

Lustgarten, quien creció en Caracas y está relacionado familiarmente con familias de la comunidad judía venezolana, operaba empresas ficticias en Panamá, Singapur y Hong Kong, para promover importaciones y asesorar a empresarios venezolanos con dificultades para obtener divisas.

De esa manera logró legitimar divisas provenientes de la venta de drogas a través de su colocación en el especulativo mercado cambiario paralelo e ilegal que afecta la economía venezolana.

En todo caso, de nuevo, en la documentación e información generada no han surgido datos que relacionen al parlamentario venezolano Diosdado Cabello con esas operaciones, las cuales forman parte en este momento de una feroz ofensiva que pretende desestabilizar la economía y las instituciones del gobierno bolivariano.

Una "olla" con periódicos de ayer

En periodismo una "olla" es una noticia fabricada o "cocida" con elementos informativos reales mezclados con hipótesis y suposiciones con el fin de sustentar un evento que claramente no ha ocurrido.

Ese es el caso de los señalamientos que primero hizo el diario madrileño ABC, en marzo , y que ahora retoma The Wall Street Journal: sobre la base de retazos o restos de información quieren sustentar la tesis de que Cabello es un traficante.

Con base en casos reales de tráfico de drogas se intenta establecer un vínculo arbitrario con el parlamentario. El asunto funciona asi: por Venezuela pasó un avión con droga, Diosdado es el presidente del parlamento y segundo en la línea de sucesión presidencial por lo que debe saber todo cuanto ocurre el Venezuela, y viene la conclusión, si el avión con droga pasó, fue porque Diosdado lo dejó pasar ya que como jefe de los diputados debe saber todo lo que ocurre en el país.

Ni los datos formales ni los extraoficiales divulgados desde el inicio de los dos casos que menciona The Wall Street Journal, han ofrecido el más mínimo elemento que los relacione con el parlamentario. Ni siquiera los voceros son precisos, sólo personas "familiarizadas" con los casos.

ABC, experto cocinero, quiso aportar su guiso también y el 20 de mayo acusó a Cabello de haber contratado el avión Bombardier que en agosto de 2012 fue cargado con 1,4 toneladas de drogas y llevado hasta la isla Gran Canaria.

Inevitablemente la olla le quedó muy mal, pues ya la justicia española había determinado que la droga era de un traficante de armas libanes, Ali Kleilat, que actualmente espera en Bélgica su extradición a EEUU.

Otra vez no fue Diosdado y las ollas se les están volviendo "caliche"*.